La acción climática requiere la inclusión de la igualdad de género y la salud sexual y reproductiva

Por Mar Oromí Llobet , UNFPA América Latina y el Caribe

La crisis climática está afectando a países de todo el mundo debido al aumento de las temperaturas y del nivel del mar, la mayor probabilidad de desastres relacionados con el clima, la migración forzada y la pérdida general de medios de vida.

La crisis climática tiene como consecuencia directa el aumento de la pobreza y la inseguridad alimentaria, así como la pérdida de acceso a servicios esenciales, como los de salud materna y anticoncepción. Los efectos en la región de América Latina y el Caribe se distribuyen de manera desigual, lo que requiere planes de acción específicos para cada país, con el fin de abordar los desafíos específicos de cada territorio. 

"Los resultados de las investigaciones son un claro llamado a la acción: 41 millones de personas en América Latina y el Caribe viven en zonas costeras bajas, y 6 de cada 100 residen en estas zonas vulnerables. En el Caribe, esta cifra casi se triplica y alcanza a 17 por cada 100 habitantes", afirma Sabrina Juran, Asesora Regional de Población y Desarrollo.

15,8 millones de personas corren riesgo en Brasil y 6,5 millones en México. Argentina y Venezuela también tienen un número considerable de su población en zonas vulnerables. Esto indica que los países más grandes con extensas costas tienen poblaciones considerables expuestas a posibles aumentos del nivel del mar y peligros costeros.

En el Caribe, países como Surinam, Bahamas, Guyana y Belice se encuentran entre los más vulnerables debido a su distribución poblacional, que se concentra en zonas costeras propensas a inundaciones. Islas Caimán y Surinam tienen las mayores proporciones de su población viviendo en zonas costeras de baja altitud, con aproximadamente 89,97% y 88,73% respectivamente. Esto indica que estos países son particularmente vulnerables al aumento del nivel del mar, dado el alto porcentaje de su población que vive en áreas costeras bajas. Bahamas, Guyana y Turcos y Caicos también tienen altas proporciones de su población en zonas costeras, con valores superiores al 66%, lo que resalta su exposición a los riesgos costeros.

En todos estos casos, las mujeres y las niñas son las que están en mayor riesgo de experimentar embarazos no intencionales y ser víctimas de violencia de género, incluida la violencia sexual.

Para mitigar los efectos del cambio climático, y como parte de la firma en 2015 del Acuerdo de París, cada nación se comprometió a establecer planes de adaptación para cumplir con esta agenda. Los compromisos de cada país reflejan sus prioridades, circunstancias y capacidades particulares para limitar el aumento de la temperatura global. Estas contribuciones se revisan periódicamente y se espera que se vuelvan más ambiciosas con el tiempo.  El Acuerdo de París, que entró en vigor en noviembre de 2016, tiene como objetivo general limitar el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, procurando al mismo tiempo mantener el aumento a tan solo 1,5 °C por encima de dichos niveles.

Este año, en colaboración con entidades académicas, el Fondo de Población de las Naciones Unidas publicó el informe global: “En balance: La salud y los derechos sexuales y reproductivos en los compromisos climáticos” (“Taking Stock: Sexual and Reproductive health and rights in climate commitments”). Pero ¿cómo se relacionan la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como la igualdad de género, con la acción climática?

En esta nueva realidad climática, el UNFPA se ha comprometido a lograr tres resultados transformadores hacia 2030: (1) poner fin a las muertes maternas evitables, (2) poner fin a la necesidad insatisfecha de planificación familiar y (3) poner fin a la violencia de género y las prácticas nocivas. Sin embargo, cumplir estos objetivos se está volviendo cada vez más complejo debido al rápido ritmo de la crisis climática. 

Por ejemplo, en tiempos de estrés y escasez y después de desastres climáticos extremos, se sabe que la probabilidad de violencia de género y matrimonio infantil aumenta. Por lo tanto, si los planes de adaptación se construyen siguiendo un enfoque interseccional y con una comprensión holística del desarrollo sostenible, tienen el potencial de crear una mayor inclusión social y abordar los impactos desproporcionados de la crisis climática en las mujeres y las niñas.

La historia de Yuleimy García y Adriana Martínez es uno de los muchos ejemplos de esta realidad. Tras los estragos causados por el huracán Ian en La Coloma, una localidad situada en la provincia cubana de Pinar del Río, ambas fueron candidatas a recibir implantes subdérmicos como parte de los esfuerzos del UNFPA para brindar servicios de planificación familiar en las zonas afectadas por el devastador huracán.

Sin duda, la alimentación, el acceso a agua potable y un techo son parte de una respuesta humanitaria adecuada, pero para las niñas y las mujeres, recuperarse de una catástrofe también requiere acceso a métodos anticonceptivos eficaces, ya que un embarazo no intencional puede agudizar las dificultades que entraña la recuperación después de un desastre relacionado con el clima.

Gracias a la participación del UNFPA en los planes de acción climática, muchas mujeres jóvenes de diferentes orígenes y con diferentes aspiraciones profesionales y familiares pueden seguir adelante con sus vidas. Después de un huracán devastador, no tener que preocuparse por un embarazo no intencional les permite centrarse en la reconstrucción de sus vidas. Yuleimy ahora trabaja como trabajadora social para apoyar a su hijo de dos años y a su comunidad. Adriana pudo seguir adelante con sus estudios de biofísica médica. 

Según el mencionado informe, Haití se destaca entre los Estados de la región que promueven medidas alcanzables y específicas para incorporar la igualdad de género en los planes de adaptación. Entre dichas medidas, el Estado ha creado un grupo de trabajo específico sobre género y crisis climática y ha fortalecido el acceso de las niñas y las mujeres a información relevante sobre la crisis. Garantizar que se tengan en cuenta las opiniones de este grupo y asegurar su acceso a información crucial en caso de emergencia, además de que contribuye al cumplimiento de los objetivos transformadores del UNFPA para 2030.

En América Latina y el Caribe, 10 de los 26 países examinados hicieron referencia a la salud sexual y reproductiva y la violencia de género en sus planes de adaptación y mitigación ante la crisis climática. En concreto, tres países hacen referencia a la salud materna y neonatal (Panamá, Paraguay y la República Bolivariana de Venezuela). Antigua y Barbuda, la República Dominicana y El Salvador hicieron referencia a la violencia de género. Panamá hizo referencia a la salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes, y la República Bolivariana de Venezuela, a la información y concienciación sobre la salud sexual y reproductiva. Costa Rica y México hacen referencias a la orientación sexual, la identidad y expresión de género y las características sexuales. Dominica mencionó el uso de anticonceptivos, mientras que Belice hizo referencia a la salud familiar.

Los resultados transformadores del UNFPA no pueden darse sin integrar eficazmente los efectos de la crisis climática en cada contexto específico. Al mismo tiempo, el éxito y la eficacia deseados de los planes de adaptación no pueden alcanzarse sin la garantía de los derechos y la salud sexual y reproductiva, la igualdad de género y la protección contra la violencia. Por lo tanto, mitigar los efectos del cambio climático requiere reconocer su efecto desproporcionado sobre las mujeres y las niñas, así como sobre poblaciones específicas, en términos de vulnerabilidad poblacional y en función de las especificidades de cada territorio.

Como señala la directora regional del UNFPA para América Latina y el Caribe, Susana Sottoli, es fundamental ofrecer una plataforma para el diálogo y la acción a nivel global, regional, nacional y local sobre la intersección entre los derechos de salud sexual y reproductiva, la violencia de género y las prácticas nocivas. “Al identificar brechas, oportunidades y mejores prácticas, podemos promover una inclusión más significativa de la salud sexual y reproductiva en las políticas climáticas”.