Denunciar delitos, amenazas o cualquier afectación a la seguridad de los colombianos no solo es un derecho, sino un deber constitucional de los integrantes de la Fuerza Pública.
Las decisiones relacionadas con nombramientos, traslados o retiros responden exclusivamente a necesidades del servicio y a criterios propios de la administración del personal. Bajo ninguna circunstancia constituyen represalias por el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, incluida la obligación de denunciar conductas que afecten la seguridad, el orden público o la integridad institucional.
Nuestros militares y policías tienen el respaldo para actuar con honor, transparencia y apego a la Constitución y la ley.
Denuncie y ayúdenos a combatir el crimen:
• Contra el crimen: 314 358 7212
• Líneas 107 – 157
• GAULA: 147 – 165
• Reclutamiento infantil: 141
Absoluta reserva.
El Estado somos todos… y los buenos somos más.
#SeguridadYDemocracia2026 🗳️