Protectores del medio ambiente sostienen que en el país existe una persecución del Estado contra voces que se alzan contra el deterioro de los recursos naturales e inminentes proyectos extractivistas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió al Estado salvadoreño que la aplicación de cadena perpetua a niñas, niños y adolescentes es incompatible con la jurisprudencia interamericana.
El Informe Anual 2026 de Amnistía Internacional señala que en El Salvador “se consolidó un modelo represivo marcado por la prolongación del estado de excepción”.
Al menos 80 familias de pescadores y campesinos enfrentan el riesgo de perder su hogar debido a la falta de programas estatales de conservación frente a la crisis climática.
El Gobierno de El Salvador prometió destinar los ahorros de una conversión de deuda para la restauración del principal río del país por $350 millones . A un año del anuncio, las comunidades dicen que falta información pública, señalan ambigüedades institucionales y contradicciones ambientales sobre su impacto real.
La petición fue realizada durante el 195 periodo de sesiones de CIDH para evaluar la situación de las personas defensoras de derechos humanos en el contexto del régimen de excepción.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron ante la CIDH el abandono estatal de los casos de violencia sexual en contra de mujeres en el marco del conflicto armado salvadoreño (1980-1992).
Un estudio elaborado por abogados internacionales señala que existen bases razonables para creer que en el país se cometen crímenes de lesa humanidad durante el estado de emergencia para combatir a las pandillas.
Usuarios de Facebook aprovecharon las publicaciones oficiales sobre indicadores de seguridad para cuestionar al Gabinete de Seguridad por señalamientos de corrupción, liberaciones irregulares de pandilleros, desapariciones y muertes en cárceles que las autoridades no abordaron públicamente.
En este caso son procesados el exministros de Defensa, Guillermo García, y 11 oficiales de la Fuerza Armada, acusados de masacrar a unos 1.000 civiles en 1981.
