En vísperas de Semana Santa, cuando el consumo de pescado aumenta en Argentina, organizaciones ambientalistas encendieron una alerta sobre una de las especies más comercializadas en el país: el gatuzo (Mustelus schmitti), un pequeño tiburón cuya población se encuentra en estado crítico.

La organización WCS Argentina pidió a la población evitar su consumo como una forma de contribuir a la recuperación de la especie. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), este tiburón es el más explotado comercialmente en el país y uno de los centrales en el mercado interno, donde también se vende bajo nombres como “palo rosado”.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) estima que su población ha disminuido más de un 90 % en las últimas cuatro décadas, lo que lo ubica en la categoría de En Peligro Crítico de Extinción.

El problema radica no solo en la intensidad de la pesca, tanto industrial como artesanal y deportiva, sino también en las características biológicas de la especie. A diferencia de otros peces, los tiburones tienen un crecimiento lento, alcanzan la madurez sexual tardíamente y producen pocas crías. En el caso del gatuzo, las hembras comienzan a reproducirse cerca de los ocho años, lo que dificulta la recuperación de sus poblaciones.

“Buscamos promover un consumo consciente de cómo llegan los alimentos a nuestra mesa; en el caso del pescado de qué manera fue capturado, cuál es la especie y en qué situación de conservación se encuentra», dijo Juan Martín Cuevas, coordinador de conservación de rayas y tiburones de WCS Argentina.

«Específicamente sobre el gatuzo queremos difundir que no es un simple pescado, sino que se trata de un tiburón amenazado de extinción”, agregó Cuevas.

Ante este escenario, se han impulsado medidas de conservación a nivel internacional. En 2025, el gatuzo fue incluido en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), lo que implica mayores controles sobre su comercio.

Además, su posible incorporación en la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), que se realiza en Brasil, podría reforzar las estrategias de protección en toda su área de distribución.

Mientras tanto, los especialistas insisten en que las decisiones de consumo también pueden ayudar a proteger la especie. “Como consumidores, podemos hacer una contribución desde nuestro lado cuando vamos a la pescadería y no comprar tiburones”, señala Lucas Albornoz, del equipo de conservación de rayas y tiburones de WCS Argentina.

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*Imagen principal: un ejemplar de gatuzo (Mustelus schmitti). Foto: cortesía Andy Murch/WCS Argentina

La escalada del conflicto en Medio Oriente tiene impactos complejos en Latinoamérica, según una conferencia realizada por Periodistas por el Planeta y Climainfo. Mientras la volatilidad de los precios del petróleo impacta en la energía, los alimentos, el transporte y la inflación a nivel mundial, en la región, los efectos son complejos: incluso los países exportadores siguen siendo vulnerables a la volatilidad internacional a través de importaciones de combustibles, cadenas de fertilizantes y costos logísticos, aseguraron los expositores.

Para los expertos, el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán no es un evento aislado, sino parte de una reconfiguración global, donde el control de recursos estratégicos (como petróleo, gas y minerales críticos) y rutas comerciales (como el Estrecho de Ormuz) dictan las nuevas reglas del juego.

Aleida Azamar, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, explicó que “lo que estamos presenciando no es una crisis aislada, sino una reconfiguración del orden mundial en la que la energía deja de ser una cuestión económica para convertirse en un asunto de seguridad estratégica”. Para la experta, en este escenario, regiones como América Latina “vuelven a ocupar un lugar central en la escena mundial, pero más como territorios en disputa que como actores con poder de decisión”.

México presenta una alta exposición debido a su dependencia del gas importado de Estados Unidos para generar más del 60 % de su electricidad. Además, carece de almacenamiento estratégico, con apenas dos días de reserva de gas.

Hélder Queiroz, coordinador del Grupo de Economía Energética de la Universidad Federal de Río de Janeiro, aseguró que “en una crisis como esta, la prioridad inmediata es garantizar el suministro energético, no la transición”. “Pero esa es precisamente la disyuntiva a la que nos enfrentamos: las decisiones motivadas por la seguridad a corto plazo corren el riesgo de consolidar la dependencia a largo plazo de los combustibles fósiles, cuando la transición requiere una inversión sostenida y a largo plazo”.

Brasil ha logrado autosuficiencia en la producción de crudo, pero sigue siendo críticamente dependiente de la importación de diésel (25-30 % del consumo), lo que afecta directamente su logística y costos internos.

Leonardo Stanley, investigador asociado del Centro de Estudios sobre el Estado y la Sociedad (CEDES), Buenos Aires, afirmó que “América Latina está apostando muy fuerte por el petróleo y el gas en un momento en el que el mundo ya está cambiando”. “Esto significa destinar recursos a activos que pueden perder valor rápidamente y así perder la oportunidad de posicionarse en las nuevas cadenas de valor de la transición energética”, agregó.

En Argentina, existe una apuesta fuerte por Vaca Muerta para obtener divisas, pero hay riesgo de invertir en “activos varados” que podrían quedar obsoletos si la transición energética global se acelera más de lo previsto.

*Imagen principal: plataforma de la petrolera Pemex en el mar. Foto: Pemex

Durante el Día Mundial del Agua, que se conmemoró este domingo, miles de personas salieron a las calles de Santiago y otras ciudades de Chile para protestar en contra de las decisiones recientes en materia ambiental del nuevo gobierno de José Antonio Kast. La movilización, convocada por organizaciones sociales y ambientales, puso en el centro del debate la protección de los recursos naturales y el acceso al agua.

Bajo el lema “Don’t ‘Kast-igate’ Nature” (“La naturaleza no se KASTiga”), los manifestantes recorrieron cerca de dos kilómetros por la avenida Alameda en la capital chilena. La marcha que se replicó en al menos 15 ciudades del país reflejó un malestar extendido frente al retiro de 43 decretos ambientales de la Contraloría General de la República, que habían sido impulsados por la administración del expresidente Gabriel Boric.

Las normas suspendidas contemplaban medidas de protección para especies como la ranita de Darwin y el pingüino de Humboldt, la creación de parques nacionales y planes de descontaminación en zonas críticas como el Lago Villarrica, además de regulaciones a las emisiones de centrales termoeléctricas.

La decisión fue tomada por el nuevo gobierno un día después de asumir el poder, bajo el argumento de revisar que los decretos cumplan con estándares técnicos y normativos vigentes.

Un reportaje de Mongabay Latam documentó que entre los decretos que fueron retirados figuran seis que pretendían declarar áreas protegidas en la región de Atacama para proteger 10 humedales de altura, entre salares y lagunas altoandinas, como parte de la apuesta de la Estrategia Nacional del Litio impulsada por Boric.

Para Mauricio Lorca, investigador y profesor de la Universidad de Atacama, es una decisión «súper lamentable». «Estas áreas quedan a merced de la expansión del capital que toma forma de minería del litio», afirmó.

Desde las organizaciones convocantes, las críticas apuntan a lo que consideran un retroceso en la política ambiental del país. Según Cristóbal Rodríguez, vocero nacional del Movimiento por la Defensa y el Acceso al Agua, la Tierra y el Medioambiente (Modatima), aún existen cerca de 1.4 millones de personas sin acceso a agua potable en Chile.

Mientras el Gobierno defiende la revisión de las normas como parte de un proceso habitual al inicio de una nueva administración, los manifestantes advierten que las decisiones podrían afectar la protección de los ecosistemas y el equilibrio ambiental en el país.

Lee el artículo sobre las normas ambientales que frenó el nuevo gobierno del presidente José Antonio Kast

Este artículo fue publicado en Associated Press

*Imagen principal: manifestantes marchan en Santiago de Chile durante el Día Mundial del Agua para exigir mayor protección del medioambiente y el bienestar animal. Foto: AP/Esteban Félix

La propuesta de reforma a la Ley de Glaciares en Argentina ha desatado un amplio rechazo en sectores ambientales, científicos y sociales, que advierten sobre los riesgos que implicaría para las principales reservas de agua del país y para ecosistemas de alta fragilidad. El proyecto, impulsado por el gobierno de Javier Milei, plantea flexibilizar las restricciones para facilitar el avance de la actividad minera en zonas periglaciares.

Aunque la iniciativa ingresó a debate en la Cámara de Diputados, aún debe atravesar una instancia clave: una audiencia pública prevista para los días 25 y 26 de marzo. Este proceso, que ya suma más de 60 000 personas inscritas, busca garantizar la participación ciudadana en una discusión que podría tener impactos ambientales significativos.

La convocatoria responde a obligaciones establecidas en la Constitución argentina, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que exige mecanismos abiertos e inclusivos en la toma de decisiones sobre temas ambientales.

En medio del debate, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) publicó un informe titulado “10 mitos y falacias sobre la Ley Nacional de Glaciares”, en el que cuestiona los argumentos que buscan defender la reforma del Gobierno. Uno de los puntos más controvertidos es la afirmación de que la minería no afectaría a estos ecosistemas. Según el documento, las técnicas extractivas previstas implican el uso de explosivos que pueden destruir tanto glaciares como áreas periglaciares, provocando daños irreversibles.

“Se vuelan los glaciares y el ambiente periglacial con explosivos para extraer los minerales que se encuentran debajo de ellos. Por ende, el daño es irreversible”, se lee en el documento.

El informe detalla que “una vez destruido un glaciar, no hay ninguna posibilidad de recomponerlo». «Su destrucción es para siempre. Por ello es que necesitamos más que nunca apelar a un principio básico: proteger los glaciares y el ambiente periglacial es proteger el agua, las cuencas y el futuro de toda la nación; en definitiva, es proteger la vida”, sostiene el documento.

Especialistas consultados por Mongabay Latam coinciden en que la reforma podría comprometer el acceso al agua de más de siete millones de personas que dependen de cuencas andinas. Además, alertan sobre un posible retroceso en la protección ambiental en un contexto de creciente presión sobre los recursos naturales.

“La minería degrada los glaciares como reservas de agua dulce, afectando no solo la función ambiental, sino la que cumplen las áreas periglaciares en el suministro de agua dulce para asentamientos humanos o actividades productivas”, señaló el diputado Esteban Paulón, del bloque Unidos, a Mongabay Latam.

Lee aquí el artículo sobre el rechazo social y de expertos a la reforma de la Ley de Glaciares en Argentina

*Imagen principal: en los glaciares de San Juan se evidenció presencia de actividad minera que afecta los recursos hídricos de la zona. Foto: cortesía Martín Katz/Greenpeace

Un informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos volvió a encender las alarmas sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia. El organismo verificó 972 homicidios entre 2016 y 2025.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó como “desgarrador” que el país siga siendo uno de los más peligrosos del mundo para ejercer la defensa de los derechos humanos. Si bien reconoció avances del Gobierno en materia de protección, subrayó que las medidas siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema.

La ONU identificó un incremento progresivo de los asesinatos desde 2016, cuando el Estado colombiano firmó el Acuerdo de Paz con la entonces guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según el informe, en ese año se registraron 61 casos, mientras que entre 2019 y 2021 la cifra se mantuvo en alrededor de 100 anuales. El pico más alto ocurrió en 2022, con 117 homicidios.

Además de los asesinatos, las amenazas y los ataques continúan siendo una forma sistemática de violencia contra los defensores. Desde 2022 se han documentado más de 2000 agresiones, principalmente amenazas. Sin embargo, la ONU advierte que estas cifras podrían ser solo una parte del total real, debido a la falta de un sistema unificado de registro.

“Aunque estas formas de violencia son menos visibles que los homicidios, resultan efectivas para el silenciamiento y desestructuración de los procesos organizativos en defensa de los derechos humanos”, señala la ONU.

El organismo explica que la violencia responde a causas estructurales: la presencia de conflictos armados, la expansión de economías ilícitas —como el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas—, la débil institucionalidad en zonas rurales y altos niveles de impunidad.

Estas condiciones afectan especialmente a líderes comunitarios, integrantes de juntas de acción comunal, defensores ambientales, líderes campesinos, activistas LGBTIQ+ y representantes políticos locales, según el organismo internacional.

El impacto es particularmente grave en pueblos indígenas, donde la violencia busca desarticular procesos organizativos mediante asesinatos, amenazas y control territorial. Según la ONU, estos ataques no solo afectan a individuos, sino que debilitan la cohesión social y la gobernanza en amplias regiones del país.

Ante este panorama, Naciones Unidas instó al Estado colombiano a fortalecer políticas públicas de protección, actualmente fragmentadas, y a avanzar en investigaciones que permitan sancionar a los responsables. De no abordar las causas de fondo, advierte el organismo, la violencia seguirá teniendo efectos devastadores sobre la defensa de los derechos humanos en Colombia.

Lee la nota sobre el asesinato del gobernador Eutimio Valencia Duave en Colombia

Este artículo fue publicado en Associated Press

*Imagen principal: velorio de dos habitantes indígenas awá, en Nariño, Colombia. Foto: cortesía Asociación Minga

El juicio oral por el asesinato del líder indígena kichwa Quinto Inuma marcó un hecho sin precedentes en la Justicia peruana. Entre el 10 y 12 de marzo, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada realizó audiencias presenciales en la ciudad de Tarapoto, luego de que los jueces se trasladaran desde Lima para escuchar a la familia del defensor indígena y a miembros de su comunidad.

Manuel Inuma Alvarado, hermano de Quinto Inuma y actual jefe de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, aseguró: «Para nosotros es muy interesante que los jueces se encuentren aquí en Tarapoto. Queremos que este juicio por la muerte de mi hermano no se quede en la nada. Lo que queremos y pedimos es justicia, que se dé cadena perpetua a dos de los acusados”.

El traslado de los magistrados responde a un pedido realizado el 12 de enero de 2026 por la familia Inuma y su comunidad, con el objetivo de garantizar el acceso a la Justicia con un enfoque intercultural. Se trata de la primera vez que jueces de esta instancia se desplazan fuera de la capital peruana para un proceso judicial vinculado con el asesinato de un defensor indígena.

Las sesiones forman parte de la continuación del juicio oral iniciado en enero de este año, que hasta ahora se había desarrollado de manera virtual.

Quinto Inuma fue asesinado el 29 de noviembre de 2023 en el río Yanayacu, en la región San Martín, en la Amazonía peruana. El líder indígena denunciaba invasiones a su territorio, tráfico de tierras, narcotráfico y tala ilegal.

El caso reviste especial gravedad porque Inuma formaba parte del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y contaba con garantías para su vida. A pesar de ello, fue asesinado.

Actualmente, cinco personas permanecen detenidas y procesadas por los presuntos delitos de sicariato, homicidio calificado en grado de tentativa y encubrimiento personal.

Durante la primera jornada de audiencias presenciales en Tarapoto, la viuda de Quinto Inuma, Betty Mandruma, relató el momento en que su familia presenció el asesinato. En su testimonio recordó a su esposo como un “defensor de sus bosques, de sus tierras». «Él luchaba por su tierra, era un defensor y por eso dio su vida. Me da mucha pena que mi esposo nos dejó así nomás”.

La familia y la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu esperan que las declaraciones contribuyan a esclarecer el crimen y a alcanzar justicia. Manuel Inuma expresó que la familia continuará el proceso “hasta el final». «Quinto Inuma dejó un legado por las causas que él defendió. Era un hombre valiente, guerrero”, dijo.

Imagen principal: días antes del asesinato, el líder indígena Quinto Inuma expuso en Pucallpa la situación de invasiones y deforestación que se vivía en su comunidad. Foto: cortesía Fondo Socioambiental del Perú