La dimisión de Mario Herrera se tramita como un cese con derecho a prestación por desempleo

El Consejo de Gobierno publicó ayer en el BOR el decreto que «dispone el cese de don Mario Herrera Fernández como director general de Participación Ciudadana y Derechos Humanos, agradeciéndole los servicios prestados». Es decir, en ningún momento se hace constar que sea una renuncia o un cese por decisión propia, con lo que Mario Herrera tendría garantizado su derecho a la prestación por desempleo.

En este sentido, la legislación laboral ordinaria establece que cuando el motivo de cese en una empresa es voluntario no se dispone del derecho a paro ni a ningún otro subsidio por desempleo, aunque fuentes del Ejecutivo de Concha Andreu aseguran que la situación es diferente en el caso de los directores generales de la Administración riojana y que esta prestación está garantizada de todas las maneras.

Las fuentes reconocen que es cierto que el BOR ha publicado ceses anteriores voluntarios con la coletilla de «a petición propia» –en las imágenes adjuntas– y que no ha sido así en el caso de Herrera, pero que los efectos respecto al paro son los mismos: «Dentro del ordenamiento jurídico de estos altos cargos no está prevista la figura de la dimisión, sino que lo que se produce es un cese a petición propia o por destitución». «En ambos casos –continúan las fuentes–, el consejero lo propone al Consejo de Gobierno y éste aprueba el decreto pero no es una dimisión».

En todo caso, la realidad es que Mario Herrera dejó claro en el famoso vídeo grabado la semana pasada que dimitía como «víctima del fascismo por ser de Podemos». Y la realidad también es que entre los múltiples decretos de ceses de altos cargos que ha aprobado el Consejo de Gobierno de Concha Andreu desde el pasado verano en unos se dispone el cese 'a secas' y en otros a petición propia.

Así sucedió con varios directores generales de los equipos de los exconsejeros Francisco Ocón y Ana Santos: Carlos Arriazu, Begoña Sáinz, Nuria del Río, Santiago Urizarna, María del Carmen Fernández Gómez o María Luisa Escudero, que decidieron dimitir antes de ser cesados en apoyo a la destitución de sus jefes.

Así ha sido también en los casos de Enrique Ramalle, exdirector general de Salud Pública y de Jorge Mínguez, exsubdirector general de Coordinación Sociosanitaria, que, totalmente ajenos a la crisis interna del Gobierno y del partido, decidieron dejar voluntariamente sus responsabilidades en la Consejería de Salud pilotada por Sara Alba. En todos estos casos, el BOR dejaba claro que sus ceses eran «a petición propia».