Un verdadero frenazo / Análisis de Ricardo Ávila

Que la desaceleración de la economía en 2023 estaba cantada desde hace rato es una afirmación difícil de rebatir. Basta con mirar las proyecciones hechas a finales del año pasado, tanto por las entidades multilaterales como por diferentes analistas, para concluir que aquí y en buena parte del mundo se hablaba de un menor dinamismo por cuenta de las tasas de interés altas que se usaron para controlar la inflación.

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Incluso en algún momento las alertas a nivel global llegaron a encenderse ante la posibilidad de que reapareciera la temida estanflación, un término hechizo que describe una situación de estancamiento combinada con una espiral de alzas. Pero nada de eso sucedió. Con el correr de los meses los incrementos en los precios se moderaron, sin que el empleo ni la producción se vieran muy afectados, debido a lo cual se habló de un “aterrizaje suave” para describir la realidad de la mayoría.

En buena parte de América Latina ocurrió algo similar. México y Brasil superaron con creces las expectativas iniciales que había sobre su desempeño productivo, mientras que Chile lograría evitar las cifras en rojo que se le auguraban hasta hace poco. Otras naciones de menor tamaño relativo, como Costa Rica o República Dominicana, se mostraron vigorosas, por lo cual el balance regional, en lugar de ser mediocre, podría calificarse de aceptable.

Lamentablemente Colombia se apartó de esa tendencia. En contra de lo que le pasó a buena parte de sus vecinos –con la notable excepción de Perú, que tampoco va bien– el frenazo acabó siendo todavía peor que lo proyectado.

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Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI)le apuntó inicialmente a una expansión del 2,2 por en el producto interno bruto (PIB) del país en 2023. La realidad mostraría que esa apuesta nunca estuvo cerca. Al cierre de septiembre, la tasa se ubicó en apenas uno por ciento, según el Dane.

Más inquietante todavía es la tendencia descendente. Cuando a mediados de noviembre la entidad encargada de las estadísticas reveló que la economía había caído un 0,3 por ciento en el tercer trimestre, la sorpresa fue mayúscula. La razón no es solo que los expertos esperaban una cifra positiva, sino que dar marcha atrás resulta atípico a la luz de la historia.

Según lo recordó el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, es la primera vez en casi un cuarto de siglo que tiene lugar un crecimiento trimestral negativo, si se excluyen las circunstancias especiales de la pandemia. Así el retroceso pueda parecer pequeño, su carácter de extraordinario lo convierte en uno de los hechos más relevantes del año y el más importante en materia económica.

Además, son altas las probabilidades de que el dato del cuarto trimestre sea igualmente de color rojo. Aunque para saberlo habrá que esperar hasta el próximo febrero, cada vez son más las voces que hablan de un clima recesivo por cuenta del pobre comportamiento de las ventas del comercio, junto con el mal momento de la construcción y la industria.

Pero más allá de ese debate, la verdad es que en el contexto regional pasamos de estar en la vanguardia del desempeño económico a los puestos de atrás. Y nada hace pensar que saldremos de la parte baja de la tabla en el futuro cercano, pues 2024 no se ve fácil y los interrogantes se acumulan.

La explicación formal del traspié descrito es la descolgada de la demanda interna, que en los primeros nueve meses de este año descendió a una tasa anual del 3,7 por ciento, tras haber sido el gran motor de los buenos resultados en 2021 y 2022. Este renglón incluye el gasto de consumo, tanto de los hogares como del Gobierno, al igual que la inversión.

Si bien el uso de la chequera pública ayudó a amortiguar el golpe, las familias se apretaron el cinturón y decidieron limitar sus compras de bienes y servicios en estos últimos meses. Es posible que después de ciertos excesos tras salir del confinamiento, llegó el momento de mesurarse.

Sin embargo, la mayoría de los economistas coincide en que la política monetaria restrictiva puesta en marcha para meter la inflación en cintura tiene mucho que ver con lo que pasó. Basta recordar que la tasa de interés que cobra el Banco de la República por darle liquidez a los intermediarios de crédito subió hasta llegar al 13,25 por ciento, con lo cual se encarecieron los diversos tipos de préstamo, desde el de consumo hasta el hipotecario.

Un costo de financiación mucho más alto obliga a posponer viajes de vacaciones, adquisición de electrodomésticos y vehículos o el sueño de tener vivienda. Y en el caso de los empresarios le da una perspectiva distinta al ánimo de arrancar un proyecto, sobre todo si la rentabilidad esperada de este no es muy distinta de la que paga un certificado de depósito a término.

Adicionalmente, las reformas tributarias de los últimos dos años hicieron las condiciones menos atractivas para las firmas privadas. Hoy por hoy, la tasa nominal del impuesto de renta a las personas jurídicas que se paga en Colombia – un 35 por ciento sobre las utilidades– es la más elevado del hemisferio. Y la carga es aún mayor para las compañías del sector financiero, las hidroeléctricas o las sociedades dedicadas a la extracción de carbón y petróleo.

Vale la pena señalar que nada de lo señalado en los párrafos anteriores era desconocido al comenzar el año. ¿Por qué, entonces, las cosas salieron peor de lo esperado?

Aquí aparecen factores subjetivos relacionados con la incertidumbre y la calidad de las reglas de juego. En la medida en que exista la percepción de que habrá cierta estabilidad, las decisiones de consumo e inversión serán más fáciles. Pero si el porvenir se vuelve impredecible, entra a operar la prudencia y diferentes iniciativas se aplazan indefinidamente.

Y en ese punto acaba siendo fundamental lo que haga el Gobierno de turno. Para decirlo con franqueza, la administración de Gustavo Petro no tiene la culpa de que la inflación haya llegado a dos dígitos, ante lo cual al Emisor no le quedó otro remedio que enfriar la economía. Incluso puede argumentarse que los mayores impuestos son muestra de seriedad, con el fin de mantener las cuentas públicas en orden.

No obstante, hay un intangible que sí es responsabilidad del Ejecutivo: la confianza. Es en este punto en el cual vale la pena centrarse, no para llorar por lo que pudo ser y no fue, sino para evitar cometer los mismos errores en lo que falta del presente cuatrienio.

De lo contrario, el riesgo de quedarse en un círculo vicioso de bajo crecimiento y tensiones económicas y sociales es elevado. Si esa termina siendo la dinámica, los platos rotos acabarán siendo pagados por todos los colombianos que encontrarán menos oportunidades de progresar.

Los cuestionamientos se pueden agrupar en tres capítulos distintos, que arrancan con las dudas causadas por las propuestas de reforma de la salud, las pensiones y la legislación laboral. Cada una de ellas ha sido objeto de críticas debido a que implica una transformación sustancial del modelo vigente, con efectos potenciales sobre flujos billonarios de recursos.

A pesar de los planteamientos sobre la necesidad de hacer modificaciones aquí y allá o de los intentos de diálogo, la Casa de Nariño no ha cedido un ápice en sus pretensiones iniciales. Lo anterior, en conjunto con las realidades políticas, lleva a que el trámite de cada propuesta haya sido accidentado.

Como ninguna recibe todavía la luz verde del Congreso, la sensación de permanecer en un limbo continúa. Es cierto que después de muchos ires y venires la Cámara de Representantes finalmente le dio luz verde al texto relativo a la salud, pero quedan muchos obstáculos por sortear en el Senado antes de que la administración pueda cantar victoria.

Por otra parte, diferentes segmentos se han visto afectados por determinaciones que no estaban en el radar de nadie. Para citar un caso, la congelación en el alza de los peajes en enero pasado no solo creó una contingencia cercana a los 900.000 millones de pesos, sino que altera las bases del modelo de concesiones viales.

No menos grave puede ser todo lo relacionado con el marco regulatorio del sector energético, al igual que los decretos expedidos al amparo de la declaratoria de emergencia social en la Guajira. Así la Corte Constitucional haya echado para atrás buena parte de lo estipulado, las dudas sobre lo que veniene persisten. Para colmo, el agujero financiero causado por la opción tarifaria sigue sin atenderse, justo cuando el sistema eléctrico se enfrenta a una coyuntura muy desafiante por cuenta de la presencia del fenómeno climático de El Niño.

Fuera de tales actuaciones, aparecen otros signos de interrogación en el horizonte. En el campo macroeconómico, el respeto a la regla fiscal está en veremos pues tanto el Ministerio de Hacienda como Planeación Nacional han planteado su flexibilización. Los inversionistas saben que irse por ese camino se traduciría en una mayor prima de riesgo que encarecería los títulos de deuda y causaría presiones cambiarias.

Otras carteras envían mensajes que preocupan. Las alarmas en el sector agropecuario están encendidas ante la eventualidad de expropiaciones, mientras la minería se encuentra de capa caída por las actuaciones del Ministerio de Ambiente o del de Minas.

Para colmo de males, el orden público se ha deteriorado y los indicadores de delitos como el secuestro o la extorsión vienen subiendo. Un ambiente de mayor inseguridad física, económica y regulatorio hace que el terreno se vuelva mucho más difícil.

Según la más reciente encuesta de opinión industrial conjunta que elaboran la Andi y otros gremios entre sus afiliados, la percepción sobre el clima de negocios es ahora menos favorable. Mientras en septiembre de 2022 la proporción de industriales que calificaron la situación de su empresa como buena llegó al 77 por ciento, en la medición de hace dos meses esa calificación bajó al 61 por ciento.

Claramente, aquí se mezclan elementos objetivos y subjetivos. El mismo sondeo identifica un mayor ánimo del sector privado a la hora de abrir operaciones en otros países y aunque la cercanía al lugar de destino de los productos encabeza el listado de las justificaciones para proceder así, los argumentos siguientes son la incertidumbre por la economía y por el impacto de las reformas.

Para el presidente de la Andi, Bruce MacMaster, “el Gobierno parecería estar dedicado a generar inestabilidad para demostrar que se requieren reformas, o solo para crear debate, pero no se da cuenta de que esa actitud trae consecuencias que no son buenas ni en el corto ni en el largo plazo, especialmente porque le da un golpe mortal a la inversión”. En particular, el dirigente destaca que uno de los renglones de mayor caída es el de activos de capital, maquinaria y equipo, algo que compromete la capacidad de crecimiento futuro de la economía.

Así las cosas, lo que la lógica indica es que para el año que viene el Ejecutivo debería cambiar la partitura frente al sector privado y adoptar un libreto menos orientado al antagonismo y más a la cooperación. Encuentros como el sucedido recientemente en Cartagena con un buen número de líderes empresariales llevan a los más optimistas a pensar que el acuerdo nacional promovido por la Casa de Nariño es posible y tomará en cuenta reparos y sugerencias.

Pero para que eso sea así, se requieren esfuerzos decididos orientados a reconstruir la confianza. Solo con hechos podría conseguirse que las desalentadoras cifras de la economía empiecen a mejorar, para que en 2024 no vuelva a repetirse la historia que se escribió en este año que ya termina.

RICARDO ÁVILA

ANALISTA SÉNIOR

Especial para EL TIEMPO