En Panamá, el ambiente, la economía y el trabajo no deben entenderse como conceptos excluyentes ni enfrentados. Por el contrario, la Constitución establece, por un lado, el derecho a un ambiente sano y libre de contaminación, y, por otro, el deber del Estado de promover el desarrollo económico y social con justicia y respeto a la dignidad humana. No es un pulso entre pacificadores e inconformistas ni un dilema de echarle agua o leña al fuego: lo que está en juego es evitar que nos quememos todos y encontrar una salida que garantice el bienestar del país.
El mandato constitucional panameño
El artículo 118 de la Constitución dispone que el Estado garantizará a la población un ambiente sano y libre de contaminación, adecuado para la vida humana. Al mismo tiempo, el artículo 64 reconoce la obligación estatal de promover el pleno empleo y asegurar a los trabajadores una existencia decorosa. Ambos mandatos no se contraponen, sino que se complementan: un ambiente sano es requisito para la vida, y un trabajo digno es condición para la justicia social.
A ello se suma el artículo 257, numerales 5 y 6, que establece que los recursos naturales son patrimonio de la Nación y deben ser explotados racionalmente, según lo disponga la ley, procurando su preservación. El mensaje es claro: la economía puede y debe crecer, pero no a costa de hipotecar el futuro de las próximas generaciones.
Jurisprudencia y doctrina
La Corte Suprema de Justicia ha reiterado que el derecho a un ambiente sano es un derecho fundamental de incidencia colectiva, cuyo disfrute corresponde a todos y que debe armonizarse con otros derechos como el de propiedad y la libertad de empresa. En fallos recientes, la Sala Tercera ha dejado claro que la protección ambiental no es un “lujo verde”, sino una condición de la propia dignidad humana.
En el campo doctrinal, juristas panameños coinciden en que el gran reto es la sostenibilidad: producir sin destruir, crecer sin arrasar y trabajar sin precarizar. La experiencia latinoamericana lo confirma: en Colombia, la Corte Constitucional ha reconocido la “Constitución ecológica” como marco de toda actividad económica; en Chile, el debate constitucional ha girado en torno al agua como bien público; en México, la Suprema Corte ha reiterado que la inversión extranjera es bienvenida siempre que respete los estándares laborales y ambientales.
Un pacto de triple ganancia
La economía no puede avanzar sacrificando los recursos naturales ni los derechos de los trabajadores; del mismo modo, la protección ambiental y laboral no debe convertirse en un obstáculo absoluto para la inversión. Panamá necesita un pacto de triple ganancia:
Que la actividad económica genere empleo.
Que el empleo respete los derechos laborales.
Que todo ello se realice en armonía con la naturaleza.
Se trata de garantizar que la riqueza producida beneficie al país entero y no solo a unos pocos, que el trabajo ofrezca estabilidad y dignidad, y que los recursos naturales sean aprovechados con visión de futuro.
Una oportunidad para Panamá
El país puede convertirse en un ejemplo regional. Con la ratificación de tratados ambientales, el desarrollo de energías renovables y la apuesta por el turismo sostenible, Panamá puede demostrar que desarrollo económico, empleo digno y protección ambiental no solo son compatibles, sino aliados inseparables.
La tarea exige voluntad política, responsabilidad empresarial y compromiso ciudadano. No bastan leyes bien redactadas si no se cumplen, ni discursos ambientales que no se traduzcan en acciones. La educación cívica, la participación comunitaria y la transparencia en las decisiones públicas son indispensables.
Conclusión
Ambiente, economía y trabajo son tres vértices de un mismo triángulo. Desbalancear uno es condenar a los otros dos al fracaso. Panamá tiene hoy la oportunidad de decidir: o seguir atrapada en falsas dicotomías que enfrentan a trabajadores, empresarios y ambientalistas, o abrirse paso hacia un modelo sostenible donde todos ganen.
La historia juzgará si supimos aprovechar este momento. La pregunta no es si podemos armonizar ambiente, economía y trabajo, sino si tenemos la valentía de hacerlo.
El autor es exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.
