La exmilitante socialista Leire Díez durante una rueda de prensa
Marlaska reconoce a medianoche tras destaparlo El Debate que puso protección policial a Leire
El Ministerio del Interior usó la ley franquista de secretos oficiales para tratar de ocultar el escándalo de la fontanera, aseverando que la documentación que sirvió de soporte para conceder protección
Durante la noche del martes, el Ministerio del Interior reconocía haber puesto protección policial a la fontanera del PSOE Leire Díez durante dos meses, después de su enfrentamiento con el empresario Víctor de Aldama en una rueda de prensa.
La cartera contradecía la versión del propio ministro Fernando Grande-Marlaska, quien negaba esa misma tarde que hubiera habido «ninguna escolta puesta a Leire Díez» en el Senado, tal y como reveló El Debate el 9 de junio, en una exclusiva firmada por Antonio Naranjo.
La rueda de prensa fue el 5 de junio de 2025, cuando la ex militante socialista ofrecía una comparecencia ante los medios y en la que se presentó el acusado el principal conseguidor del caso mascarillas. Esta situación derivó en una denuncia por amenazas y la solicitud de protección por parte de Díez, según reportaba el Ministerio.
La decisión, prosiguen, sería rechazada, aunque en su lugar se optó por la contravigilancia policial, alegando que seguían el protocolo establecido para los servicios de seguridad y protección regulado en la instrucción 3/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad. Esto implicó que se realizara la correspondiente valoración policial, que en el caso de Leire Díez dio un resultado de «riesgo bajo y vulnerabilidad media».
Por ello, prosigue Interior, pese a rechazarse la escolta, se le puso protección policial «mientras la solicitante permanecía en Madrid, servicio que se levantó el 7 de agosto siguiente sin que se detectase nada relevante».
Meses después, en noviembre de 2025, Leire Díez volvió a denunciar llamadas amenazantes y pidió de nuevo amparo policial. En este caso, la evaluación dio como resultado un riesgo «muy bajo», por lo que se rechazó directamente.
Ley franquista de secretos oficiales
El departamento dirigido por Marlaska usó la ley franquista de secretos oficiales para tratar de ocultar el escándalo de la fontanera, aseverando que la documentación que sirvió de soporte para conceder protección a Leire Díez, y la tramitación del expediente posterior «se refiere a materias cuya gestión y eventual documentación se encuadra en el ámbito de los servicios de seguridad y protección de personas», por lo que tienen un acceso restringido «en virtud de lo establecido en los Acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, adoptados al amparo de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, así como de sus ampliaciones de fechas 17 de marzo y 29 de julio de 1994»
Así, Interior dio carpetazo al asunto sin dar más detalles al respecto, pese al enfado manifestado por los miembros del cuerpo al conocerse que Interior le concedió protección. «Los policías deben estar en la calle, no escoltando políticos y 'fontaneros'», explicaron desde el sindicato policial Jupol, pues, a su juicio, supone un «uso abusivo e injustificado del sistema de escoltas policiales en España».
