El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quieren aprobar en el Consejo de Ministros de hoy el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021. Y con este texto, y a pesar del órdago que ayer por la tarde lanzó Podemos, una subida de impuestos que va en la dirección contraria a lo que están aplicando el resto de grandes potencias económicas europeas. De hecho, España es la única gran economía que apuesta por un endurecimiento fiscal en plena crisis desatada por la pandemia.
"España es una excepción entre las economías más desarrolladas de la Eurozona, puesto que el futuro del sistema tributario a corto y medio plazo parece enfocado a la posibilidad de seguir aumentando la recaudación obtenida de empresas y familias, tal y como reflejan las medidas anunciadas para los Presupuestos Generales del Estado de 2021, y para años sucesivos, así como anuncios, casi diarios, de creación de nuevos impuestos o de incremento de los existentes", advertía ayer el Instituto de Estudios Económicos (IEE).
Se refieren en el think tank de la patronal CEOE a medidas como el incremento del IVA a las bebidas azucaradas, con el que el Ejecutivo quiere ingresar 340 millones en 2021, o el impuesto sobre los envases de plástico que Haciende prevé que aporte casi 500 millones. Ambas medidas, sostiene el Gobierno, no tienen afán recaudatorio y sí el de mejorar los hábitos de consumo y el cuidado del medio ambiente, aunque no es menos cierto que aportarán más de 800 millones de manera conjunta.
Algo similar ocurre con la denominada imposición en el ámbito de la fiscalidad verde, con la que el Ejecutivo estima que recaudará 1.311 millones y que no ha detallado pero en donde encajaría el incremento del gravamen sobre el diésel. Este impuesto, ha defendido siempre Montero, tampoco tiene afán recaudatorio y busca el cuidado del planeta, pero lo cierto es que, una vez más, se trata de una fuente relevante de ingresos. Tanto, que sumadas a las dos anteriores suponen más de 2.000 millones.
A todo ello se unen "medidas en el ámbito de la imposición directa", que alcanzarán los 550 millones, y "medidas en el ámbito de la imposición indirecta" por valor de 1.509 millones, esto es, otros 2.059 millones. Y además hay que tener en cuenta el impuesto sobre transacciones financieras o tasa Tobin, y el impuesto sobre determinados servicios digitales o tasa Google, que de manera conjunta representan 1.818 millones y que sumados a las figuras ya apuntadas hacen una cifra total de algo más de 6.000 millones en subidas de impuestos durante un año crucial.
El impacto de pensiones y funcionarios
En ese mismo anteproyecto también figurará el incremento de las pensiones y de los sueldos públicos, que en ambos casos repuntarán un 0,9%. La mejora para los funcionarios se confirmó ayer, después de que el Ejecutivo haya amagado en varias ocasiones con una congelación salarial. Finalmente, el Gobierno apostó por aplicar el mismo incremento que a las pensiones, calculado a partir de la estimación del deflactor del PIB, y que hará que los trabajadores públicos y pensionistas no pierdan poder adquisitivo en 2021 e, incluso, lo ganen si la estimación de inflación del 0,7% que realiza, por ejemplo, BBVA Research se cumple.
El coste de este incremento supera ligeramente los 1.500 millones, según estimaciones sindicales, mientras que el propio Gobierno señaló en el plan presupuestario que el desembolso que estima para abonar el incremento de las pensiones es de 1.439 millones. Esto es, que la suma de ambas mejoras alcanza los 3.000 millones y se come, por lo tanto, la mitad de la subida de impuestos.
En el caso de las pensiones, la subida de las prestaciones se produce después de que el Estado se haya visto obligada a recatar un año más a la Seguridad Social y de que en ese mismo documento remitido a Bruselas se prevea una transferencia de 13.929 millones de euros.
El Gobierno y especialmente el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha tratado en numerosas ocasiones de transmitir que la situación del sistema no es tan negativa y, de hecho, en el Plan Presupuestario se expone específicamente que uno de los objetivos es "rectificar la imagen distorsionada de desequilibrio del sistema percibida por los ciudadanos que, pese a no reflejar la situación real, está generando alarmismo e incertidumbre".
Además, el Ejecutivo se adelantó a las recomendaciones del Pacto de Toledo y ya ha comenzado el proceso para asumir los denominados gastos impropios y esta misma comisión sostiene que el objetivo debe ser el saneamiento del sistema en 2023. Pero la realidad, en este momento, es que la Seguridad Social y las pensiones dependen también de los ingresos del Estado.
Los sindicatos rechazan la subida por escasa
En cuanto al incremento de los sueldos públicos, la mejora hará que los trabajadores del sector público, a diferencia de lo que ocurre en buena parte de los del sector privado, no note en su salario el impacto de la crisis. Y, además, la subida se suma a incrementos como lo del este año, cuando se aplicó un incremento de hasta el 2,5% cuando todas las estimaciones prevén una inflación media negativa.
Pero desde los sindicatos se rechazó ayer la subida. Por considerarla insuficiente y por no ser negociada. "Función Pública desprecia el diálogo social", apuntaban desde CCOO. "Ni siquiera nos han dado las propuestas por escrito. Cuando las tengamos podremos valorarlas. El Gobierno ha perdido una buena oprtunidad para llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales", denunció Julio Lacuerda, secretario general de FeSP-UGT. "La subida del 0,9% no reconoce ni la labor realizada frente a la pandemia ni la pérdida de poder adquisitivo. El sindicato reclama un acuerdo de legislatura que contemple una subida anual del 3%", añadió la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
El incremento irá acompañado de una oferta de empleo pública que Función Pública cifró en más de 28.000 plazas. Este dato, sin embargo, incluye a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, matizan desde UGT, así como los casi 9.000 puesto de promoción interna. "La cifra más alta de la historia", defienden en el Ministerio de Carolina Darias sobre este último respecto. Pero una vez más, los sindicatos estiman que la cifra es escasa y CSIF no duda en afirmar que "es insuficiente porque no cubre ni la urgencia de la situación [las personas aspirantes se incorporarán como pronto en año y medio], ni las necesidades estructurales que ha puesto en evidencia la pandemia.
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